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| Las Rastreadoras realizan jornadas de búsqueda tres días a la semana. Foto: Especial |
Hartas de la
negligencia de las autoridades, madres de Sinaloa se han unido en la
búsqueda de sus hijos en un grupo denominado Las Rastreadoras. Sus largas
jornadas de trabajo han dado de qué hablar en un estado que incrementó el
número de desapariciones en un 31.3 por ciento en el último año y medio. En los
escombros o debajo de la tierra, numerosos cuerpos han sido hallados por estas
mujeres; ellas les han devuelto su identidad.
Ciudad de México, 10 de
junio (SinEmbargo).— Hace dos años, Mirna Nereyda Medina Quiñónez perdió a
su hijo después de que extraños a bordo de una camioneta Explorer color negro
se detuvieran en una gasolinera, en la localidad de El Fuerte, Sinaloa. Roberto
Corrales Medina, de 21 años, vendía complementos para celular y nadie lo
ha vuelto a ver. En su búsqueda, la madre ha organizado a las familias para
hacer trabajos que las lleven a encontrar a sus seres queridos. El grupo
denominado como Las Rastreadoras, recientemente consideradas como concursantes
al Premio Nobel de la Paz por labores que iniciaron en el 2014,
quieren mantenerse lejos del reconocimiento y, como dice Medina, prefieren
hablar de sus prioridades y de las herramientas que aún les hacen
falta a 225 familias para trabajar en esta penosa tarea.
Hasta el pasado abril, el número de
desaparecidos en Sinaloa ascendía a 2 mil 16, de acuerdo con datos del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPED). Desde el percance que sufrió su hijo, el colectivo de Mirna ha logrado
dar con los restos de 48 personas. La mayor parte de las madres que integra a
Las Rastreadoras proviene del norte del estado, de los municipios El Fuerte,
Choix y Ahome.
El 14 de julio del 2014, Corrales
Medina fue visto por última vez, recuerda su madre.
“Eran las 17:45 cuando cuando llegó
una camioneta tipo Explorer a las bombas de gasolina. Mi hijo se levanta para
ofrecer la mercancía. Ahí mismo dejó sus cositas. Lo subieron. Ya estaba a
punto de retirarse a su casa”, detalla.
Parte de los problemas para dar con
los desaparecidos los vivió en carne propia, en especial los derivados del
miedo. Los videos de la gasolinera en la que encontraba su hijo fueron
solicitados. Sin embargo, le fueron negados bajo el argumento de que las
cámaras no servían por la lluvia desde hacía tiempo.
En El Fuerte la gente teme, dice
Medina. Hay miedo de lo que les pueda pasar por colaborar con el grupo de
madres, en un lugar con no más de 15 mil habitantes. Ese municipio está
asediado por la violencia y la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) sitúa a dos de sus localidades dentro
de las que tienen mayor rezago social: El Carricito y el Pochotal.
La denuncia por la desaparición del
joven tampoco se pudo hacer de forma inmediata. Roberto, quien vivía en El
Rancho, ubicado en el municipio de Choix, no llegó a su casa esa noche. Su
padre adujo que se había quedado con otros familiares y no fue sino hasta el
día siguiente que la familia se enteró de lo sucedido.
La Policía Municipal se ha atribuido
mala fama en el lugar. Las Rastreadoras han sostenido que las autoridades
participan en el 90 por ciento de las desapariciones. Al momento de que Mirna
Medina solicitó ayuda para hallar a Roberto, la respuesta fue el menosprecio.
“No señora nosotros no buscamos. Sólo
vemos si aparecen muertos”, recuerda que le dijeron.
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| Mirna Nereyda, madre de Roberto, es cofundadora del grupo Las Rastreadoras. Foto: Noroeste |
Las Rastreadoras realizan jornadas de
búsqueda tres días a la semana. Foto: Especial
El Fuerte, relata, vive acechado por
“tiradores” y sicarios. Y fueron allegados a la familia que le dijeron que
Gilberto, un narcomenudista local, sabía donde estaba su hijo. Armada de valor
fue a buscarlo.
—Señor, ¿usted sabe dónde está mi
hijo?
—¿Yo?, ni al caso—, contestó. Y dos
semanas después, también Gilberto desapareció.
A partir de ahí, Mirna Medina se unió
con otras madres que tienen hijos desaparecidos para realizar brigadas. Una de
ellas, Reyna Serna Escalante, es la madre de Alejandro López Serna. Joven que
desapareció en julio del 2014 en el municipio, y del que aparecieron sus restos
el 2 de octubre en la comunidad Cuesta Blanca, en San Blas.
“Y ya empecé a buscar desde ahí, en
las redes sociales , y también empezó a apoyarnos mucha gente”, dice Medina.
De los 48 cuerpos que han encontrado
Las Rastreadoras, 16 han sido entregados a las familias, otros 10 se encuentran
en proceso de cotejo de ADN y el resto aún no hay indicios de quienes pueden
ser.
INDIFERENCIA
Roberto Corrales Medina fue forzado a
subir a una camioneta Explorer el 14 de julio del 2014. Foto: Especial
Sandra Luz Hernández, madre de un
desaparecido que fue ejecutada el pasado lunes en plena luz del día, en mayo
del 2014, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría General de
Justicia de Sinaloa (PGJ). El caso aún es un símbolo de lucha dentro de Las
Rastreadoras.
Hernández se había convertido en
activista e investigadora a partir de que su hijo, Édgar García Hernández,
empleado de PGJE, quien desapareciera el 12 de febrero de 2012, cuando
personas armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron de manera forzada.
“A Sandra Luz la matan por ir a buscar
a su hijo. El asesino confeso dice dónde la mató. Y después sale libre. Sandra
Luz nunca encontró a su hijo”, dice Medina.
La primera vez que las madres
manifestaron en el municipio por la ola de violencia en el norte de Sinaloa fue
el 12 de septiembre del 2014.
Una marcha de madres recorrió de la
gasolinera donde se le vio por última vez a Roberto hacia el Palacio Municipal.
Pese a solicitarlo, el Alcalde Marcos Vinicio Galaviz no quiso recibirlas.
“Yo ya había reunido 38 denuncias por
desaparición, pero cuando llegó, no nos atendió el Presidente Municipal, sino
su Secretario. Y nos dio otra cita para hacernos el estudio de ADN”,
cuenta Nereyda.
Cinco días después las madres fueron
atendidas por el Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, cuyo
compromiso de reunirse con las madres cada mes fue más tarde incumplido.
La indiferencia de las autoridades fue
generalizada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registraba 154 denuncias
por desaparición forzada en octubre del 2014. Más las reportadas en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otras 300. Pero la Procuraduría General de
Justicia del Estado reconocía un solo caso por este delito.
La insistencia de las madres hizo que
el Gobernador Mario López Valdez les recibiera el 16 de diciembre. El dirigente
estatal entregó cuatro perros caninos para rastrear fosas clandestinas.
Aunque, a la fecha los esfuerzos de
búsqueda los hacen por su cuenta. “Nosotros no tenemos apoyo de nadie, somos
alrededor de 40 mujeres que vamos a las búsquedas”, dijo Nereyda.
“Hacemos lo mismo que otros, nos dan
pitazos de por dónde podemos buscar. Y metemos la varilla”. Ahora les han
prometido un georador para verificar las formaciones debajo de la tierra. “Se
supone que el Gobernador lo va tener pronto. Otro regalo que nos va a dar es un
laboratorio de genética”, confía Nereyda.
A la fecha las madres rechazan que
sean policías municipales, quienes las escolten en sus brigadas. En noviembre
del 2013 se dictó formal prisión a cuatro policías municipales de Ahome por su
involucramiento en este delito, de los cuales tres se hallan detenidos.
El Juzgado Segundo de Ahome dio como
sentencia 28 años nueve meses de cárcel a Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe
Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos.
LA VIDA EN
SINALOA
Los operativos de seguridad en Sinaloa
tuvieron por objetivo unas elecciones tranquilas, sostuvo en febrero el
Gobernador. Foto: Cuartoscuro
Un conteo hecho por el diario Noroeste en
julio del año pasado recalcó que en la entidad desaparece al menos una persona
al día.
“A veces queremos pensar que es por el
crimen. Muchas veces la gente dice que es porque quienes desaparecen andaban en
algo, pero no es porque sea mi hijo, pero él no bebe, no fuma, no anda metido
en cosas”, dice Medina.
En febrero de este año el Gobernador
del estado se pronunció en contra de la crecida de la violencia. En reunión con
representantes de las dependencias de la Procuraduría General de la República
(PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de
México (Semar), López Valdes anunció una estrategia que incluía reforzar la
participación del Ejército en las calles.
“Malova”, como le llaman al
Gobernador, prohibió los eventos masivos y aminoró la venta de bebidas
alcohólicas en zonas de violencia. Sin embargo, las políticas de seguridad del
gobernante, así como del Gobierno Federal en la zona propiciaron los
desplazamientos.
El Fuerte es uno de los municipios con
mayor número de desplazados por la guerra contra el narcotráfico y las
posteriores persecuciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el 2012, la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos de Sinaloa, una organización civil de la entidad, calculó
que había entre 25 mil y 30 mil desplazados en 11 de los 18 municipios de la
entidad.
Un costo de 250 millones de pesos para
el estado, reporta el libro Con una granada en la boca: “Heridas de guerra del
narcotráfico en México”.
La violencia generó la salida de
habitantes de la zona serrana del municipio. En especial, las disputas por el
control de la zona entre cártel de Sinaloa y el grupo de los Beltrán Leyva,
tras la ruptura entre ambos bandos, de acuerdo con el informe “Las
víctimas ocultas de México”.
“En áreas rurales, los cárteles de la
droga ejercen control sobre territorios que pueden ser utilizados para cosechar
cultivos como marihuana o amapola, controlar la extracción de la madera y la
minería, traficar drogas a través del área, o imponer gravámenes a otros
contrabandistas o traficantes”, cita el informe.
Por otro lado, la autoridad también
genera las desapariciones. “El 90 por ciento de las desapariciones se dan por
la colusión”, detalló Mirna.
El 27 de noviembre del año pasado,
Mirna fue amenazada por personas de las que prefiere reservarse su identidad,
pero que ya fueron denunciadas a la Procuraduría General de la República. “Se
desinformó al decir que eran policías municipales. Pero sé perfectamente
quienes fueron”, destaca.
Hoy, el colectivo hace gestiones para
que la PGJ les brinde una ventanilla directa en casos de desaparición, aseguran
que la violencia no ha cesado, y que las jornadas de 7 de la mañana a cinco de
la tarde por sus hijos seguirán, como hasta ahora, tres veces a la semana.
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